Jornaleros acusan de usura a financiera

Juan Carlos Flores

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 6 de marzo de 2014, p. 42

Colima, Col., Más de mil personas, la mayoría jornaleros agrícolas de los municipios de Tecomán y Armería, quienes solicitaron créditos a la empresa Soluciones Financieras (Finsol), interpusieron un juicio de amparo para evitar que los embarguen, y aseguran que pretenden cobrarles a pesar de que ya pagaron. Una de las afectadas, Irma Sandoval, madre de familia y jornalera de Tecomán, dijo que solicitó un préstamo de 4 mil pesos y lo pagó oportunamente, pero le llegó una notificación de embargo de bienes. Pedí 4 mil pesos, pero todo pagamos, y ahora se nos cobra otra vez. Ya fue un licenciado a querer hacer un convenio, pero nosotros ya pagamos y no estamos dispuestos a volver a pagar, señaló. Rita Ledezma Hernández, también jornalera de Tecomán, detalló que obtuvo un crédito de 3 mil pesos y ahora la empresa le exige 105 mil pesos por intereses generados. Me mandan avisos diciendo que si no pago me van a embargar. Soy ama de casa, pedí lo que podía pagar, pero ahora ¿cómo pago 105 mil?, dijo. Mariano Trillo Quiroz, diputado del Partido Verde Ecologista de México que ha dado seguimiento al caso, mencionó que la empresa, de origen hondureño, ha tenido problemas similares en Minatitlán, Veracruz –donde se denunció un presunto fraude–, y en otras ciudades. Detalló que los créditos, por los cuales se cobran intereses hasta de 105 por ciento anual, se siguen cobrando a pesar de que los campesinos poseen documentos firmados que demuestran que ya pagaron sus deudas.

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Chihuahua: 7 asesinadas en una semana

Rubén Villalpando, Rubicela Morelos y Vicente Juárez

Corresponsales

Periódico La Jornada
Jueves 6 de marzo de 2014, p. 42

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, Jorge González, ofreció disculpas públicamente a la familia de Esperanza Manuela Chaparro, de 19 años de edad, por haber declarado que la joven asesinada podría haberse suicidado.

María Sáenz, madre de la muchacha, explicó: Lo que encontraron entre las pertenencias de Esperanza no era una carta de despedida; ella todos los días escribía versículos de la Biblia y cartas a Dios. Ella no tenía problemas ni depresiones.

La desaparición de Esperanza Chaparro se reportó el 27 de enero y el 3 de marzo se le localizó muerta en la sierra de Nombre de Dios, informó la Fiscalía especializada en delitos contra las mujeres por razones de género.

En tanto, la noche del martes y ayer por la mañana se encontró en la ciudad de Chihuahua y en el municipio de Guachochi a dos mujeres asesinadas a balazos. Con estos casos suman siete crímenes de género en la entidad durante los siete días recientes.

Feminicidios al alza en Morelos

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos aseguró que la incidencia de feminicidios se ha incrementado durante la actual administración, que se inició en octubre de 2012. Añadió que este año 13 mujeres han sido asesinadas en el estado.

"Una joven trabajadora de un centro comercial en Cuernavaca sufrió un ataque feminicida el martes por la noche y la madrugada del lunes una enfermera del sector salud es localizada sin vida en el municipio de Ocotepec, luego de haber sido privada de la libertad días antes", señaló el vocero de la organización no gubernamental, José Martínez.

Lamentó que el gobernador Graco Ramírez y el alcalde Jorge Morales "insistan en esquemas policiacos centralizados que no atienden las causas de la violencia feminicida ni la inseguridad, y que tampoco tomen medidas elementales que incluyan a una sociedad que ha dado sobradas muestras de querer participar, sin ser escuchada por gobiernos autoritarios y antidemocráticos".

Luz María Baldazo, integrante del Comité Estatal para el Seguimiento y Monitoreo de Feminicidios en San Luis Potosí, aseguró que la región de la Huasteca ocupa el segundo lugar en feminicidios en el estado, pero el gobierno omite esta información por temor a una mala imagen en el resto del país.

Explicó que, según las cifras del comité, en la década reciente se han cometido 92 feminicidios en la zona centro del estado, y en la Huasteca, 66.

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Durango: impugnan indemnización

Saul Maldonado

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 6 de marzo de 2014, p. 43

Durango, Dgo., 5 de marzo.

Ejidatarios de La Victoria, municipio de Pueblo Nuevo –a unos 100 kilómetros de la capital de Durango–, interpusieron un amparo ante el Tribunal Agrario contra la indemnización que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pretende entregarles por las tierras donde se construyó el tramo del kilómetro 97 al 111 + 800 de la autopista Durango-Mazatlán. El decreto de indemnización indica un pago de sólo 7 mil 806 pesos por hectárea.

Juan Alberto Hernández Huízar, comisario ejidal de La Victoria, señaló que la notificación de la indemnización llegó apenas el 19 de febrero, pese a que fue emitida el 20 de diciembre de 2013.

Según la Ley de Expropiación, los afectados cuentan con 10 días hábiles para ampararse contra el decreto de indemnización, y el plazo vence este jueves. El decreto dice que las tierras son de agustadero, cuando todos saben que La Victoria es un ejido ciento por ciento forestal, y esas tierras también, señaló el comisario ejidal.

La construcción del tramo de 14 kilómetros afectó una granja y un camino que usan los ejidatarios para sacar madera del bosque. Los lugareños debieron pagar la apertura de otro camino suficientemente amplio para que salgan camiones cargados de madera.

Hernández Huízar señaló que los daños causados por la obra y los gastos para el nuevo camino suman más de los 480 mil pesos que pretenden pagarles por las 60 hectáreas; por ello la asamblea ejidal acordó ampararse contra la indemnización.

El precio de 7 mil 806 pesos por hectárea fue calculado por el Instituto de Avalúos y Administración de Bienes Nacionales, pero nunca lo informó a los ejidatarios.

Juan Alberto Hernández dijo que en febrero llegaron indemnizaciones para los ejidos vecinos El Brillante, Mimbres y José María Morelos (Coyotes), entre otros, pero sólo los ejidatarios de Coyotes estaban preparados para ampararse porque les pagan a un peso el metro cuadrado.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Expropiación, cuando se controvierta el monto de la indemnización un juez fijará a ambas partes tres días para que designen peritos, y si no lo hacen el juez los nombrará. También se deberán designar de común acuerdo un tercer perito para zanjar eventuales discrepancias.

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Matan guardias a minero en Guanajuato

Ap

Periódico La Jornada
Jueves 6 de marzo de 2014, p. 43

La empresa canadiense Great Panther Silver Ltd dio a conocer que un grupo de mineros irrumpió en su yacimiento de plata ubicado en la capital del estado de Guanajuato, lo que resultó en la muerte de uno de los invasores. La firma, con sede en Vancouver, informó en un comunicado que sus guardias se enfrentaron contra mineros irregulares la noche del martes y sostuvo que estos últimos han estado entrando a la mina por la fuerza y con armas, al grado que nosotros hemos tenido que contratar equipo de seguridad armado. Añadió que ladrones y mineros ilegales han robado pequeñas cantidades de material y han puesto en riesgo a los empleados.

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Restructura Chihuahua sistema de pensiones

José Antonio Román

Periódico La Jornada
Jueves 6 de marzo de 2014, p. 43

El gobernador de Chihuahua, César Duarte, informó que desde el inicio de 2014 opera en la entidad un nuevo sistema de pensiones que permitirá al gobierno estatal restructurar pasivos por 130 mil millones de pesos, dar certidumbre a más de 50 mil trabajadores activos y jubilados estabilizar el sistema pensionario para los próximos 110 años. En conferencia de prensa que ofreció ayer en la ciudad de México, Duarte aseguró que sin la reforma el sistema habría colapsado en cinco años.

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Chiapas: exigen castigar daño en reserva ecológica

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 3 de marzo de 2014, p. 32

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 2 de marzo.

Integrantes de la familia Pellizzi pidieron a las autoridades estatales aplicar la ley a tres líderes indígenas detenidos el 18 de febrero por el delito de ecocidio y por invadir en 1994 la reserva biótica Gertrude Duby, así como terrenos particulares ubicados en el oriente de San Cristóbal.

La familia exigió en una carta aprehender a quienes fraccionaron y vendieron las propiedades, así como a los notarios públicos y funcionarios involucrados.

En 1994, decenas de familias indígenas invadieron la propiedad del investigador de origen italiano Francesco Pellizzi y su familia, al igual que la reserva Gertrude Duby –que abarcan en total más de 210 hectáreas–, y construyeron viviendas.

En 2002 los invasores firmaron un acuerdo para respetar 102 hectáreas de reserva, pero en 2011 y en años siguientes Mateo López Hernández y otros dirigentes comenzaron a talar y a construir en esos terrenos.

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Concentran en un penal a 572 secuestradores

Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 3 de marzo de 2014, p. 32

Ciudad Juárez, Chih., La Fiscalía General del Estado concentró en el Centro de Readaptación uno de la capital del estado a 572 sentenciados por secuestro, con la finalidad de vigilarlos mejor y evitar que contaminen a otros reos y que operen desde la prisión, explicó el titular de la dependencia, Jorge González Nicolás. Detalló que 271 de los 572 secuestradores estaban en el Cereso estatal 2, en Ciudad Juárez, y el resto en el Cereso estatal 3, en la ciudad de Chihuahua.

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Detienen a 2 por fiesta en cárcel de Acapulco

De la Redacción

Periódico La Jornada
Lunes 3 de marzo de 2014, p. 32

Acapulco, Gro., Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal detuvieron la madrugada de ayer a dos personas, un hombre y una mujer, dentro del Centro de Reinserción Social de Acapulco. Al parecer ambos participaban en una fiesta en la cárcel. En la misma operación, en la cual participaron alrededor de 200 agentes, se decomisaron diversas cantidades de drogas (no se precisaron la cantidad ni el tipo), televisores y juegos de video, así como armas punzocortantes.

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Guanajuato: anomalías en el uso de $1,200 millones del Seguro Popular

Área de emergencias del hospital general de la capital de Querétaro, que da servicio a más de 860 mil afiliados al Seguro Popular. La Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías en el uso de fondos federales para dicho programa en 2012Foto Demián Chávez

Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 3 de marzo de 2014, p. 30

Guanajuato, Gto., 2 de marzo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el gobierno de Guanajuato incurrió durante 2012 en irregularidades en el uso de mil 700 millones de pesos.

La ASF descubrió anomalías en la aplicación de mil 200 millones de pesos del Seguro Popular, entre otras el no ejercicio de los recursos en tiempo y forma, el pago de sueldos excesivos a personal temporal, la ausencia de reportes de rendimientos bancarios y la asignación directa de contratos.

No se realizó una buena planeación para la adquisición de material de curación y otros insumos médicos a fin de abastecer de manera eficiente a las unidades médicas, se indica en la revisión de cuentas.

Entre las observaciones destacan el pago de sueldo a presuntos aviadores, a personal dado de baja, a comisionados sindicales y a maestros con licencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Agrega que la Secretaría de Educación estatal destinó 15 millones de pesos a pagos en planteles que no son beneficiarios del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y se encontraron pagos irregulares de salarios por más de 82 millones de pesos.

Los auditores asimismo descubrieron pago de salarios para 491 personas que no trabajan en el sistema educativo del estado y cuyos jefes no los conocen.

En las revisiones del órgano fiscalizador del Congreso de la Unión se detectaron irregularidades en la aplicación de 125 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, como falta de documentos, otorgamiento de anticipos a obras pendientes y otras erogaciones improcedentes.

El gobernador Miguel Márquez dijo que el proceso aún no concluye, pues el estado aún debe solventar los señalamientos de la ASF. Viene nuestra revisión y la solventación; una vez que se cierre esta etapa veremos el resultado final, adelantó.

Autoridades estatales aseguran que los fondos no empleados están comprometidos

Mariana Chávez Corresponsal

Querétaro, Qro., 2 de marzo.

La administración estatal que encabeza el gobernador priísta José Eduardo Calzada Rovirosa no ejerció 135 millones 212 mil pesos de recursos federales para destinarlos al Seguro Popular en esa entidad, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al fiscalizar la cuenta pública correspondiente a 2012.

A su vez, Servicios de Salud del Estado de Querétaro (Seseq), organismo descentralizado de la Secretaría de Salud estatal, no ejerció 29 millones de pesos ni los intereses generados por esta suma, trasferidos mediante el Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud, al no aplicarlos en el periodo determinado.

Las observaciones señalan que se encontraron 107 médicos que desempeñaron funciones administrativas; 98 no fueron localizados en las unidades de salud, y se contrató personal que no reúne el perfil académico ni tiene cédula profesional. Además se reportó desabasto de medicamentos. En la cuenta pública de 2011 se hicieron observaciones similares al gobierno del estado.

Al fiscalizar el gasto federalizado transferido a Querétaro por conducto del ramo 12 del Seguro Popular, se realizaron 11 observaciones, seis de las cuales fueron solventadas. De las cinco restantes, solicitó la aclaración de una y en cuatro casos pidió que se iniciaran procedimientos de responsabilidad administrativa y de sanción.

Detalla que por conceptos de cuota social y de aportación solidaria federal el estado obtuvo en 2012 transferencias por 667 millones 654 mil pesos. De esa cantidad, al 30 de diciembre de ese año había ejercido 77.5 por ciento (517 millones de pesos).

En una nueva revisión, al 30 de junio de 2013, lo ejercido llegaba a 81.3 por ciento (543 millones de pesos), es decir, faltaba usar 124 millones 546 mil pesos, 18.7 por ciento.

Tampoco devengó seis millones 475 mil pesos de intereses generados en las cuentas bancarias de los Servicios de Salud de la entidad, ni cuatro millones 191 mil pesos por concepto de compensación interestatal hasta el 30 de junio de 2013, lo que suma 135 millones 212 mil pesos no ejercidos.

El director del Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS, administrador del Seguro Popular en Querétaro), José Samuel García Sánchez, en compañía de la directora de Financiamiento de la dependencia, Carolina Cuevas, rechazó que sean recursos no ejercidos, porque ya están comprometidos, de lo cual ya informó a la ASF. Sin embargo, aún falta que se notifique oficialmente si esa observación quedó solventada; en caso contrario, deberá reintegrarse el dinero.

El funcionario dijo que desconoce para qué están comprometidos los recursos federales, pues el REPSS los transfiere a Servicios de Salud de estado, que a su vez determina qué hacer con los fondos.

Cuarenta por ciento de los recursos transferidos por la Federación se destinan a la contratación de personal de salud, 20 por ciento a prevención, 6 por ciento a gasto operativo, 30 por ciento para medicamentos y adquisición de unidades, y el resto para infraestructura.

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Colima: dispersan con gas a 2 mil personas que pretendían entrar a concierto de El Buki

Colima: dispersan con gas a 2 mil personas que pretendían entrar a concierto de El Buki

Aspecto de la plaza de toros La Petatera, en Villa de Álvarez, Colima, donde el cantante Marco Antonio Solís, El Buki, ofreció un concierto el viernes. Cientos de personas que pagaron por ver al cantante fueron repelidas con gas lacrimógeno y no pudieron ingresar, debido a la sobreventa de boletosFoto Juan Carlos Flores

Juan Carlos Flores

Corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 2 de marzo de 2014, p. 27

Villa de Álvarez, Col., 1º de marzo.

Más de 2 mil personas fueron dispersadas con gas lacrimógeno y descargas eléctricas durante el concierto de Marco Antonio Solis, El Buki, después que no pudieron entrar al espectáculo en la plaza de toros La Petatera. Una mujer fue hospitalizada.

El ayuntamiento reportó que el empresario Víctor Reyes vendió 2 mil boletos de más, por lo que cientos de espectadores con boleto no pudieron ingresar al recinto el viernes por la noche. Elementos de seguridad privada contratada por la empresa cerraron las puertas, contuvieron al público con armas de toque de defensa personal o pistolas paralizantes de descargas eléctricas y lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a la muchedumbre.

El sábado algunos afectados acudieron a la presidencia municipal de Villa de Álvarez para solicitar la intervención de las autoridades y el rembolso de su dinero, pues los boletos costaron entre 700 y mil 500 pesos.

El secretario del ayuntamiento, Alfredo Chávez González, aseguró que el municipio interpondrá una denuncia penal contra el empresario Víctor Reyes por la sobreventa de boletos pues la plaza de toros donde se realizó el concierto tiene capacidad para 5 mil espectadores y se vendieron 7 mil boletos.

Josefina Santos, una de las asistentes que no pudo entrar, precisó que vio cómo personal de seguridad aplicó descargas eléctricas contra una mujer quien se convulsionó en el suelo, y tras recibir asistencia médica fue trasladada a un hospital. Rubén Martínez consideró injusto que a pesar de que tenían boleto no se les permitió el acceso, por lo que pidió al ayuntamiento llegar hasta las últimas consecuencias contra el empresario.

Uno de los afectados, Jaime López, exigió la renuncia del presidente del Patronato Carlos Montes por no prever actos de ese tipo, que pudieron terminar en tragedia, pues también dentro de la plaza hubo descontrol para definir los lugares.

El ayuntamiento de Villa de Álvarez emitió un comunicado donde asegura que el depósito en garantía para prever posibles quejas será destinado al rembolso del importe de los boletos.

En virtud de que los boletos fueron puestos a disposición de la tesorería municipal antes de su venta para el registro de los folios correspondientes que determinan valor y localidades, sólo se rembolsarán boletos en los que exista la evidencia de que fueron registrados en la tesorería municipal y se presenten completos para su reintegro.

Agregan que el ayuntamiento de Villa de Álvarez también resultó afectado porque les expidieron cheques sin fondos para cubrir el pago de los impuestos municipales y que ya presentaron una denuncia ante el Ministerio Público. En cuanto a las agresiones señalaron que se presentó una denuncia contra quienes resulten responsables.

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