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Gasolina daña 200 autos del cabildo juarense

Written By Unknown on Minggu, 11 Agustus 2013 | 15.00

Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 10 de agosto de 2013, p. 25

Ciudad Juárez, Chih. El ayuntamiento de esta ciudad presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor por los daños causados a 200 unidades de su parque vehicular, la mayoría patrullas modelos 2012 y 2013, provocados por la mala calidad de la gasolina que entrega Petróleos Mexicanos (Pemex) y su distribuidor Grupo Imperial, informó el edil Héctor Murguía Lardizábal. Dijo que hasta esta semana las afectaciones a los vehículos originaron un gasto de más de un millón de pesos y los costos se incrementaron cada mes en 250 mil pesos por cargar gasolina premium. Óscar Olvera, especialista de Pymsa, dijo que el combustible que se vende aquí carece de plomo lo que estaría provocando las afectaciones. Sin embargo, Pemex informó que ha realizado pruebas en los establecimientos y no ha encontrado irregularidades. En los dos meses recientes, algunas estaciones de servicio vendieron gasolina presuntamente adulterada que dañó en total 600 vehículos.


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Normalistas y miembros de la APPG protestan en acto oficial de Aguirre

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Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, demandaron esclarecer el asesinato de dos compañeros ocurrido el 12 de diciembre de 2011, en la autopista del Sol México-AcapulcoFoto Lenin Ocampo

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 10 de agosto de 2013, p. 25

Tixtla, Gro., 9 de agosto.

Estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), protestaron por separado durante el acto oficial por el 231 aniversario del natalicio del general Vicente Guerrero Saldaña, consumador de la independencia, acto que presidió el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien enalteció la labor del Ejército Mexicano.

Los primeros desplegaron pancartas, frente al presídium, para demandar el esclarecimiento del asesinato de sus compañeros Gabriel Echeverría de Jesús, y Jorge Alexis Herrera Pino, durante una protesta en la autopista del Sol México-Acapulco, el 12 de diciembre de 2011.

Alrededor de las 11 horas, inició el acto en el que el gobernador Aguirre Rivero estuvo acompañado por el comandante de la 35 Zona Militar, Juan Manuel Rico Gamez; el subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la Sedesol federal, Javier Guerrero García, en representación del presidente Enrique Peña Nieto; el alcalde de Tixtla, Gustavo Alcaraz, y miembros de su gabinete.

Tras el desfile de los más de 3 mil elementos del Ejército, la Marina, y la policía estatal, le siguieron los planteles educativos. Entonces unos cien estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que llevaban una tortuga hecha con papel periódico y cartón, unos cinco metros antes de pasar por el presídium, desplegaron decenas de pancartas con mensaje dirigidos al gobernador, y al ex secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, cuyos rostros se demudaron y dejaron de sonreír.

En las pancartas se leía ¡Aguirre, asesino, que matas a estudiantes!, ¡Justicia a (Jorge) Alexis, justicia a Gabriel Echeverría!, ¡Los masacrados serán vengados! entre otras consignas, que exigían justicia, y venganza al mismo tiempo.

El maestro de ceremonias se puso nervioso y urgió a mover al contingente de la Normal de Ayotzinapa, que permaneció inmóvil unos minutos, ante la mirada nerviosa del gobernador, y de la secretaria de Educación en Guerrero, Silvia Romero, que al final decidió aplaudir, al igual que los demás miembros del presídium.

Antes del desfile, el gobernador reclamó, y al mismo tiempo propuso, que durante la ceremonia del Grito de Independencia (el 16 de septiembre), se incluya el nombre del general Vicente Guerrero Saldaña.

Enseguida, sin aludir a los sucesos de la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica –donde la población retuvo el lunes pasado durante unas 30 horas, a alrededor de cien soldados–, el gobernador expresó: es tiempo del respeto irrestricto a los derechos humanos, y de que los órdenes de gobierno dejen de ser rehenes de presiones y chantajes en lo oscuro. Las fuerzas armadas constituyen en ejemplo de valor y dedicación, para edificar instituciones fuertes.

Antes de finalizar el desfile, irrumpieron los contingentes de la APPG, encabezados por sus dirigentes, Pablo Sandoval Cruz, y Nicolás Chávez Adame, quienes ocuparon el mismo templete del acto oficial, y realizaron un mitin, sin que hubiera mayores problemas, para exigir solución a la huelga de la sección 17 de los mineros de Taxco y en rechazo a la instalación de un relleno sanitario en la población de Amojileca, municipio de Chilpancingo.


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Debe “cambiarse trazo de autopista en Guanajuato si ñañús lo deciden”: CDI

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Una de las cien capillas que serán afectadas por la construcción de la autopista Silao-San Miguel de AllendeFoto La Jornada

Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 10 de agosto de 2013, p. 24

Apaseo El Alto, Gto., 9 de agosto.

El delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Aurelio Cigala Páez, sostuvo que debe hacerse una consulta entre los ñañús que serán afectados por la construcción de la autopista Silao-San Miguel de Allende, y el gobierno de la entidad debe cambiar el trazo de la obra si así lo determinan esas comunidades, como estipulan la Constitución y la Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas de Guanajuato.

Al final de la ceremonia del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, organizada por el gobierno panista del estado, el funcionario federal dijo que debe tomarse en cuenta la palabra de la comunidad indígena, lo cual implica realizar una consulta.

Si esto tiene un efecto sobre algún sitio sagrado de la cultura otomí, se debe reconsiderar el trazo: la legislación en materia de pueblos indígenas es clara, debe considerarse un rediseño, acotó.

La ley indígena en Guanajuato protege el patrimonio cultural tangible e intangible, así como su propiedad colectiva y establece que es derecho de cada pueblo usar, gozar, disfrutar y administrar sus bienes materiales e inmateriales a fin de preservar y desarrollar las presentes y futuras generaciones.

El artículo 35 de la citada ley dispone que los indígenas deben ser consultados, mediante sus instituciones representativas, cuando se proyecten medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".

En el acto, el gobernador, Miguel Márquez Márquez fue nombrado padrino de los indígenas de Guanajuato a quienes les llamo ahijados y prometió cuidar sus tradiciones porque sería un crimen perderlas.

Al final del acto saludó y abrazó a Madgaleno Ramírez Ramírez, presidente del Consejo Estatal Indígena y delegado de las 25 comunidades ñañús que serán divididas con el trazo de la carretera.

Nos hizo el compromiso de trabajar juntos y salvar nuestras comunidades. Yo le encargué con respeto (al gobernador) guardar nuestras tradiciones, nuestras costumbres y el aceptó de buena forma, reveló el líder ñañú.

En entrevista, Miguel Márquez Márquez prometió que revisará el trazado y si hubiese algún vestigio que se deba conservar que se conserve, no hay ningún problema.


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Aguascalientes: libre, ex director de vivienda

Claudio Bañuelos

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 10 de agosto de 2013, p. 25

Aguascalientes, Ags. Alberto Serna Dávila, ex director del Instituto de Vivienda del estado, salió libre del penal de esta capital, tras pagar fianza de tres millones de pesos, informó el Poder Judicial del Estado en un comunicado. El funcionario en la administración panista de Luis Armando Reynoso Femat, ingresó el pasado 1º de agosto, acusado de peculado al participar en la venta en 3.4 millones de pesos de unos predios del gobierno estatal a la constructora Urbi en 2009; el precio real era de 16 millones de pesos. La juez tercero de lo penal, Margarita Vallejo, le fijó inicialmente 17 millones de pesos de fianza; sin embargo, los abogados de Serna impugnaron esa cantidad, por lo que se le redujo a tres millones de pesos que depositó ayer. Serna Dávila enfrentará su proceso en libertad.


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Empresa viola orden judicial y reinicia obras de la vía Toluca-Naucalpan

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Aspecto de los trabajos de construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, realizados por la empresa Autovan, a los que se oponen pobladores de Xochicuautla, municipio de LermaFoto Agencia MVT

Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 10 de agosto de 2013, p. 24

Lerma, Mex., 9 de agosto.

La empresa constructora Autovan SA de CV, encargada de construir la autopista Toluca-Naucalpan, reinició los trabajos de la vialidad que unirá el poniente del Valle de México con el aeropuerto internacional de la capital mexiquense, pese a que existe una suspensión provisional ordenada por la justicia federal a los comuneros de San Francisco Xochicuautla, de este municipio, quienes se oponen al trazo autorizado para la obra.

Los afectados, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Madre Tierra, indicaron que la violación a la orden judicial representa una nueva provocación de las autoridades, quienes insisten en concluir la obra, pese a que el trazado afecta el Parque Otomí-Mexica y el Bosque de Agua, ambos considerados áreas naturales protegidas.

En conferencia de prensa, los comuneros indicaron que la empresa viola el mandato judicial concedido el 15 de mayo, cuando se determinó la suspensión provisional del acto reclamado, en tanto no se resuelve el fondo del juicio de amparo promovido por la localidad de Xochicuautla, esto es, que no se podría realizar ningún trabajo en la zona, hasta que se dicte sentencia.

Según los pobladores, el miércoles y el jueves pasado, el personal de constructora volvió a la zona boscosa para continuar operando la maquinaria que abre las brechas y a realizar trabajos de topografía, todo esto con el resguardo de más de 400 granaderos de la policía estatal, que se encargaron de impedir que los afectados volvieran a suspender las obras.

Este viernes, durante un recorrido por la zona, se observó maquinaria pesada entre La Concepción Xochicuautla y San Francisco Xochicuautla, ambos predios propiedad de comuneros, los cuales no han vendido, ni han recibido notificación oficial de expropiación.

Los pobladores que se oponen a la autopista reclamaron que el gobierno ha operado para dividir a la población, mediante la cooptación de algunos. Informaron que a ciertos comuneros les entregaron poco más de 40 mil pesos para que en la asamblea de abril pasado votaran por el proyecto, y aceptaran el pago de 160 pesos por metro cuadrado.

"Aunque algunos ya dieron su aval para la construcción, muchos aún no estamos de acuerdo porque la obra implicará una severa afectación ecológica, pues estimamos que serán derribados decenas de miles de árboles del Bosque de Agua y del Parque Otomí-Mexica, considerados áreas naturales protegidas.

No es que nos opongamos al proyecto. Si quieren hacer carreteras, adelante, pero que las hagan bien y con respeto al medio ambiente y a nuestros recursos naturales que por años han sido resguardados y defendidos por esta gente, dijo José Luis Fernández, miembros de la comunidad afectada.

Los comuneros informaron que buscarán en breve a diputados y senadores del estado de México para que se pronuncien sobre el proyecto y en caso de obtener su respaldo, solicitarán que exijan la cancelación de esta obra tal y como está contemplada.


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Plantearán ONG cambiar autopista en Guanajuato

Written By Unknown on Sabtu, 10 Agustus 2013 | 15.00

Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 9 de agosto de 2013, p. 28

San Miguel de Allende, Gto., 8 de agosto.

Más de 20 organizaciones ambientalistas y culturales propondrán al gobierno del estado un trazo alternativo de la autopista Silao-San Miguel de Allende que no dañe el patrimonio tangible e intangible del pueblo ñañú, informó el vocero de la agrupación Va por San Miguel de Allende, César Arias de la Canal.

Asociaciones civiles de San Miguel de Allende se reunieron para solidarizarse con los ñañús que habitan las 25 comunidades que serían divididas con la obra y para enviar al gobernador panista Miguel Márquez Márquez una propuesta de ruta alterna para la carretera, comentó el activista. Todos coincidimos en que este trazo es una barbaridad y tendría un impacto brutal, refirió.

La vía que propondrán no divide las comunidades ñañús, no daña el patrimonio histórico formado por la ruta de 100 capillas de indios del siglo XVI, cascos de haciendas, acueductos, ni el camino Real Tierra Adentro, protegido por la Unesco, aseguró Arias de la Canal.

Agregó que la ruta que propondrán será una de las ocho que originalmente contempló la Secretaría de Obra Pública del estado para la carretera de cuota. El daño sería menor. No cuestionamos la autopista sino el trazo, porque luego dicen que somos unos cavernícolas, que no queremos progreso, dijo.

Añadió que la población de San Miguel de Allende está a favor de una autopista que mejore el transporte comercial, pero no a costa de sacrificar el patrimonio cultural, las tradiciones, sitios sagrados, zonas arqueológicas y paisaje de la nación ñañú.

Parece que el gobierno del estado eligió el trazo con el que haría más daño. Buscaremos un acercamiento, queremos que nos escuchen, que por favor sean respetuosos de la cultura otopame y con su patrimonio, apuntó Arias.

El representante de las 25 comunidades ñañús, Magdaleno Ramírez Ramírez, y el representante del Frente Pro Patrimonio, Eduardo Iglesias Bálsamo, tramitaron en días pasados un amparo contra la publicación de la licitación de la autopista y demandaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que revoque el visto bueno al actual trazo.

Aunque la autorización del trazo sigue vigente, los integrantes del Programa de Protección Técnica y Legal del INAH Guanajuato realizaron un dictamen técnico-académico, en el cual alertaron que la carretera será el comienzo del fin para estas comunidades.

El trazo rompe la dinámica ancestral de la nación ñañú, reflejada en tradiciones y costumbres auténticas, únicas y excepcionales, como los alabanceros y concheros, precisa el dictamen elaborado por los arqueólogos Gabriela Zepeda García Moreno, Carlos Castañeda López, Luis Felipe Nieto Gamiño, Beatriz Cervantes Jáuregui e Irene Victoria López.


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Asesinan a comisario ejidal en Sinaloa

Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 9 de agosto de 2013, p. 27

Mazatlán, Sin. José Luis Robles Melchor, de 56 años de edad, comisario del ejido California, en el municipio de San Ignacio, fue asesinado a balazos en la comunidad Coyotitán, fuera de las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Autoridades encontraron siete casquillos calibre 45 milímetros. El Ejército buscó a los homicidas, sin éxito. El primero de julio unas 25 personas fueron trasladadas en tres helicópteros del ejido California a la cabecera municipal de San Ignacio por temor a la presencia de grupos armados en su comunidad.


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Presunto asesino de corresponsal de Proceso, libre

Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 9 de agosto de 2013, p. 28

Xalapa, Ver., 8 de agosto.

La séptima sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, con sede en esta capital, revocó la sentencia de 38 años y dos meses de prisión dictada a Jorge Antonio Hernández Silva, presunto asesino de la periodista Regina Martínez, corresponsal en Veracruz de la revista Proceso, con lo cual quedó libre la noche de este jueves.

La mayoría de los magistrados consideraron que el acusado no tuvo una defensa adecuada, pues el litigante asignado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no cumplió a cabalidad con su función y se violaron las garantías en el proceso penal.

El TSJ argumentó que las autoridades no cumplieron el debido proceso, pues no llevaban orden de aprehensión cuando capturaron a Hernández, seis meses después del homicidio.

Los magistrados consideraron que la única prueba valida de la PGJE para sostener la versión de que Hernández Silva fue uno de los dos asesinos materiales de la reportera es la confesión del inculpado, la cual fue obtenida mediante tortura.

PGJE y familiares, inconformes

La PGJE informó en un comunicado que respeta pero no comparte el criterio jurídico de la séptima sala penal del TSJ. El titular de la dependencia, Felipe Amadeo Flores Espinosa, sostuvo que los magistrados Edel Álvarez Peña y Andrés Cruz Ibarra, quienes votaron en favor de la resolución descalificaron, mas no valoraron las pruebas presentadas, que demostraban plenamente la responsabilidad del entonces inculpado, como se reflejó en el criterio de la juez de primera instancia, ante quien fueron ratificadas todas las pruebas aportadas por la defensa, que derivaron en la sentencia condenatoria.

Puntualizó que durante el procedimiento penal se respetaron las garantías constitucionales y los derechos humanos de Jorge Antonio Hernández Silva.

Ángel Alfonso Martínez Pérez, hermano de Regina, manifestó su total rechazo y repudio a la resolución y adelantó que en nombre de su familia presentará un amparo ante las autoridades federales para dejar sin efecto esta aberrante determinación.

Estoy seguro de la culpabilidad de Jorge Antonio Hernández Silva. Conocí y seguí la investigación; escuché cómo confesó que la había golpeado y participado en su asesinato. Vi el video donde este sujeto narra la manera infame como cometió su delito contra mi hermana. Los magistrados se equivocaron, sostuvo.

Regina Martínez fue encontrada sin vida el 28 de abril de 2012 en su casa, en Xalapa, con señales de golpes y estrangulamiento.


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Reprobados, 60% de los policías de Zacatecas; no hay para liquidarlos

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El gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, aceptó que 60 por ciento de los policías de la entidad no han aprobado los exámenes de control de confianza. En imagen de archivo, agentes estatales revisan objetos decomisados luego de un motín en el penal de CieneguillasFoto La Jornada

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Elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales de la policía de CoahuilaFoto Alberto Puente

Alfredo Valadez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 9 de agosto de 2013, p. 26

Zacatecas, Zac., 8 de agosto.

Sesenta por ciento de los policías estatales no han aprobado los exámenes de control de confianza; sin embargo, la administración estatal no ha podido despedirlos por falta de recursos, dio a conocer el gobernador Miguel Alonso Reyes.

Previamente, el general Jesús Pinto Ortiz, secretario de Seguridad Pública estatal y director operativo de la policía estatal preventiva, detalló que 60 por ciento de los agentes adscritos a las policías estatal, ministerial y municipales –unos mil 200 de los 2 mil efectivos que operan en la entidad– reprobaron las pruebas de confianza, uno de los requisitos que la Secretaría de Seguridad Pública federal exige para esos cargos.

El mandatario dijo en entrevista colectiva que el asunto "se está revisando. Hay un porcentaje alto de quienes aprobaron los exámenes de control de confianza, y otro porcentaje, como sucede en la mayoría de las entidades federativas y de corporaciones grandes, como la Policía Federal, donde se están buscando coordinadamente con el gobierno de la República alternativas para sanearlas.

Económicamente es muy complejo liquidar de la noche a la mañana a quienes no aprobaron sus exámenes, pero estamos platicando con el secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) y con los demás gobernadores. Ellos están marcando el camino a seguir para la depuración gradual de las corporaciones, señaló.

En cambio, presumió Miguel Alonso Reyes, hay corporaciones como la Metropol, que opera únicamente en la capital de Zacatecas y el municipio conurbado de Guadalupe, cuyos 120 elementos aprobaron los controles de confianza.

El general Pinto Ortiz declaró a medios regionales que la mayoría de los policías locales no aprobaron los exámenes de confiabilidad porque los parámetros que se utilizan para la certificación de los agentes provienen de un sistema inglés al que quizás no estén respondiendo de la mejor manera los sujetos puestos a prueba.

En cuanto a la posibilidad de revisar los requisitos que se exigen a los policías en las pruebas de control, el propio Alonso Reyes afirmó en octubre de 2011 que varios gobernadores coincidieron en ello.

A principios de la actual administración estatal, la policía estatal preventiva contaba apenas con 245 agentes, de los cuales 175 no aprobaron los primeros exámenes de control de confianza, pero desde entonces no se contaba con recursos financieros para darlos de baja y liquidarlos. Hoy esa corporación tiene más de 700 policías, pero la mayoría no han acreditado las evaluaciones.

Sólo uno de cada cuatro entrevistados llega al reclutamiento

Salarios de $12 mil al mes

Leopoldo Ramos, corresponsal

Saltillo, Coah., 8 de agosto.

En Coahuila hay un déficit de 6 mil policías, principalmente en los municipios, pero el reclutamiento no es sencillo debido al desinterés de los jóvenes y a los antecedentes laborales y personales de los candidatos. En Torreón, por ejemplo, la mitad de los aspirantes han sido rechazados por dar resultados positivos en los exámenes toxicológicos.

Hay aspirantes que no pueden continuar con el proceso de reclutamiento porque no pasan la primera prueba, que es el antidoping. Gran parte de las personas que no llegan tienen problemas de consumo o han consumido drogas y esto los hace inelegibles, dijo el secretario estatal de Gobierno, Armando Luna Canales.

Informó que en un año más de mil 500 policías estatales y de los 38 municipios fueron despedidos por no acreditar los exámenes de control de confianza impuestos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En entrevista, el gobernador Rubén Moreira Valdez dijo que el déficit de policías en Coahuila es de entre 5 mil y 6 mil agentes para cumplir los estándares de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Tenemos más o menos 4 mil 500 policías, pero se requieren poco más de 10 mil. De estos 6 mil, 60 por ciento corresponde a los municipios y 40 por ciento a la policía estatal, detalló.

Debido a la depuración de corporaciones, ahora hay municipios de Coahuila sin policías locales y los patrullajes están a cargo de la policía operativa del estado y del Ejército Mexicano.

Es el caso de Progreso, municipio del centro del estado con unos 3 mil 400 habitantes, donde los ocho policías y su jefe fueron dados de baja a finales del año pasado por no ser confiables.

En Múzquiz, Sabinas y San Juan de Sabinas tampoco hay policías municipales, pues los 117 fueron detenidos el 24 de julio y desde entonces están concentrados en el 69 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, en Saltillo, donde les aplican pruebas de control de confianza y reciben capacitación.

En cuatro años Coahuila planea llegar a la cifra recomendada por la ONU, pero nos falta reclutar policías, comprar equipo y patrullas y capacitarlos. Normalmente entrevistamos tres o cuatro personas para contratar a una.

El gobierno del estado y los municipales han mejorado sueldos y prestaciones. En Saltillo, por ejemplo, el salario base de los policías municipales es de 12 mil pesos libres de impuestos, y extraoficialmente se sabe que los agentes estatales y locales de grupos especiales llegan a ganar más de 35 mil pesos mensuales.


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León: finiquitos a gendarmes agravan deuda

Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 9 de agosto de 2013, p. 26

León, Gto., 8 de agosto.

El pago de liquidaciones a los policías que no pasaron las pruebas de control de confianza, más los mil amparos contra el cobro del derecho de alumbrado público, agudizaron la crisis financiera del gobierno municipal, originada por un pasivo de más de mil millones de pesos que dejó la pasada administración, informó el director de gestión, administración y enlace gubernamental de la tesorería, José Cruz Hernández.

Este jueves, el ayuntamiento realizó una modificación presupuestal para transferir 10 millones de pesos a la partida de servicios personales. Estos fondos se usarán para liquidar a los policías.

De los mil 300 oficiales que laboran en la dirección de policía, 500 reprobaron los exámenes y los han despedido paulatinamente. Quisiéramos contar con los recursos para liquidar a todos los agentes que no pasaron las pruebas, dijo Hernández Moreno.

Estos 10 millones de pesos se suman a una suma igual que se solicitó para cuando haya disponibilidad. León tiene una carga financiera muy elevada, comentó el funcionario.

Dejó panista pasivos por más de mil millones de pesos

Recordó que el ayuntamiento paga mensualmente siete millones de pesos por la deuda de más de mil millones de pesos que dejó la administración del panista Ricardo Sheffield Padilla (2009-2012), que también heredó un pasivo de 150 millones de pesos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al que dejó de pagar cuotas obrero-patronales durante dos años.

Se logró un convenio con el IMSS y bajar la deuda a 90 millones de pesos, a pagar en 36 parcialidades; además, recientemente recibimos la reducción de participaciones por los amparos contra el cobro de alumbrado, recordó.

Agregó que los mil amparos promovidos por empresarios contra el derecho por alumbrado provocaron que el gobierno estatal redujera 36 millones de pesos en participaciones; así, en 2012 recibieron sólo 24 millones de pesos.


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