Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 7 de febrero de 2013, p. 37
Ciudad Juárez, Chih., 6 de febrero. Karla Castañeda, madre de Cinthia Jacobeth Castañeda Alvarado (quien tenía 13 años de edad cuando se reportó su desaparición, el 24 de octubre de 2008), denunció que policías municipales entraron a su casa a tomar fotos y videos de la vivienda y a uno de sus hijos.
Karla Castañeda presentó hoy una denuncia por hostigamiento y allanamiento contra los agentes, quienes alrededor de las 17 horas del lunes entraron sin permiso y la interrogaron; regresaron la madrugada del martes y rompieron la malla que protege la vivienda, pero un vecino los vio y se marcharon.
La denunciante dijo que los uniformados ingresaron a su casa por el patio y la cochera y revisaron el número de serie de una camioneta que está parada desde hace años por una avería.
Castañeda fue una de las madres que se reunieron el sábado pasado con el gobernador César Duarte Jáquez en una audiencia pública en Ciudad Juárez y fue una de las organizadoras de la Caminata por la justicia y la vida a la capital del estado, en enero.
Dijo que teme que le ocurra lo mismo que a Marisela Escobedo, asesinada a balazos por demandar que detuvieran al asesino de su hija Rubí Marisol, pero advirtió que ella no dejará de luchar hasta recuperar a su hija. Sin embargo, analiza pedir asilo político en Estados Unidos.
El vocero de la Secretaria de seguridad pública municipal, Adrián Sánchez Contreras, dijo desconocer el caso, pero aseguró: Pudo ser solamente una revisión a su vehículo, pero que ella presente su denuncia, como lo tiene planeado, con número de patrullas, y la secretaría apoyará a la fiscalía en lo que se requiera
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Carlos González, vocero de la Fiscalía General del Estado, ofreció protección a la afectada.
Francisca Galván, asesora jurídica del Comité de Madres y Familiares de Mujeres Desaparecidas, dijo que la organización solicitó al gobernador César Duarte seguridad para Castañeda.
En tanto, el juicio oral que debía iniciarse hoy contra tres policías municipales acusados de la desaparición forzada de cuatro jóvenes que fueron halladas muertas el 13 de abril de 2011 se suspendió debido a que los agentes obtuvieron un amparo.
El auto de vinculación a juicio contra los elementos del Grupo Delta (especializados en combate urbano) fue dictado por un juez de garantía el 8 de septiembre de 2012.
Sin embargo, Héctor González Mocken, abogado de los policías, detectó que el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado intentó modificar el auto de apertura de juicio, lo que constituye una irregularidad, motivo por el cual solicitó el amparo, que fue otorgado por el juez cuarto de distrito, Alberto Emilio Carmona.
